Audiencia Pública sobre el pliego de renovación de contratos de recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires SE DEBE APUNTAR A UNA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SEPARACION EN ORIGEN E INCORPORACIÓN DE LOS RECUPERADORES INDEPENDIENTES
Ciudad de Buenos Aires, 27 de julio de 2010
La determinación de las Cooperativas de Recuperadores Urbanos como prestadores exclusivos dejará fuera a personas y familias que viven del recupero de residuos secos, realizando esta actividad de manera independiente. Es responsabilidad del Estado proponer alternativas que faciliten la inclusión laboral y social de los habitantes de la ciudad.
Los borradores de pliego no implican un giro sustantivo en línea con el concepto de gestión integral de los residuos sólidos urbanos, que obliga a planificar la gestión como un todo. La recolección diferenciada sigue abordándose separadamente de la gestión total de los residuos de la ciudad. La recolección puerta a puerta, a requerimiento de los vecinos, pone en evidencia que no existe el compromiso de hacer cumplir la Ley Basura Cero en toda su magnitud, incluyendo las postergadas metas de reducción.
Se intenta que, con pocos recursos, sin patrimonio ni información, las cooperativas puedan realizar la prestación de un servicio público -en principio con un solo camión en comodato-. La recolección de húmedos distribuirá 1200 millones de pesos por año en empresas con patrimonio, recursos e información. La recolección de secos es un servicio público y debe pagarse por ella. Entonces, a fin de garantizarse la recolección de secos, debe asimismo garantizarse el funcionamiento de las cooperativas mediante el reconocimiento económico de sus tareas.
Las políticas de comunicación y concientización no puede constituirse en una responsabilidad exclusiva de las cooperativas. Es el gobierno quien tiene la responsabilidad, capacidades y recursos para elaborar la política de comunicación y sostener en el tiempo las campañas que constituyen parte de esa política.
Para María Eugenia Di Paola, Directora Ejecutiva de FARN, “la Fundación sostiene desde hace muchísimos años, en sintonía con la Declaración de Rio del 92 y todo el derecho ambiental argentino y porteño que la recepta, que las claves de la sustentabilidad son el acceso a la información pública y la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones. Por ello creemos que se debe cumplir con el mandato constitucional y realizar una gestión integral de los residuos, que incorpore además las herramientas mencionadas anteriormente en relación a la participación ciudadana”.
Carina Quispe, Directora de Gobernabilidad y Política Ambiental de FARN, afirmó que“es destacable que el debate sobre la implementación de la Ley Basura Cero se abra a la comunidad, con base en el principio de participación. Sin embargo, se advierte que el pliego de residuos secos merece una revisión amplia sobre aspectos centrales para la sustentabilidad ambiental, social y económica de la gestión integral de los RSU, como es el reconocimiento de la recolección diferenciada como un servicio público que debe pagarse; y la imperiosa necesidad de una campaña gubernamental concientizando y difundiendo sobre la obligación y los beneficios de separar en origen"