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Gacetilla
EL CUERPO COLEGIADO QUE CONTROLA EL SANEAMIENTO DEL RIACHUELO DENUNCIÓ REITERADOS INCUMPLIMIENTOS DEL ESTADO NACIONAL

El Cuerpo Colegiado integrado por el Defensor del Pueblo de la Nación y un grupo de cinco ONGs (Asociación Vecinos de La Boca, CELS, FARN, Greenpeace y ACDH) presentó el documento “A nueve meses del fallo de la Corte” en donde realiza un balance de lo hecho por la ACUMAR, responsable de la ejecución y cumplimiento de la sentencia de la Corte.

En el documento se detallan las reiteradas violaciones a la sentencia de la Corte, entre las que destacó: la no inspección de las industrias de la Cuenca; la ausencia de planes de reconversión para las empresas contaminantes; la inexistencia de controles ambientales periódicos de la calidad del agua y el aire y de la salud de los pobladores de las zonas ribereñas; la falta de ejecución de las obras indispensables para proveer de cloacas a los municipios de la cuenca y darles adecuado tratamiento a sus residuos domiciliarios así como la ausencia de medidas para atender la emergencia habitacional de las personas que viven sobre basurales.

Allí se exige que se establezca un cronograma para que las industrias reduzcan a cero el vertido de sustancias tóxicas a la cuenca. También se reclama a la ACUMAR que cumpla con su obligación de poner a disposición del público un sistema de información pública que permita medir el avance en el cumplimiento de los objetivos que fijados por la Corte.

También se denunció la inacción en la confección de registros y bases de datos de acceso público con las enfermedades presentes en la cuenca, y de seguimiento y asistencia de las personas enfermas. Y finalmente el Cuerpo Colegiado también mostró preocupación por la ausencia de mecanismos de consulta y participación de los residentes de la cuenca en el diseño e implementación de políticas.

María Eugenia Di Paola, Directora Ejecutiva de FARN afirmó que “la evaluación de la actividad realizada por el Gobierno respecto del cumplimiento del fallo de la Corte no es nada favorable si tenemos en cuenta que la Autoridad de la Cuenca Matanza- Riachuelo (ACUMAR) ha incumplido la mayor parte de las obligaciones impuestas por la Corte Suprema”.

Por su parte, Andrés Nápoli, quien representa a FARN en el Cuerpo Colegiado dijo “a nueve meses del fallo todavía no se inspeccionaron las empresas situadas en la Cuenca, tampoco se realizaron acciones significativas destinadas a lograr la atención sanitaria de los más de 2 millones de personas que sufren de manera directa las consecuencias de la contaminación. En cuanto a la ACUMAR; no se hicieron obras de infraestructura y saneamiento establecidas por la Corte; y por último e gobierno ha clausurado prácticamente toda posibilidad de participación ciudadana en la gestión del Plan de Saneamiento.