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Gacetillas de prensa
Jury al Fiscal de Cámara de Neuquén Ricardo Mendaña
Crónica de un proceso indecente
22 de julio de 2005


(Se reproduce la gacetilla elaborada por el Instituto de Estudios
Comparados en Ciencias Penales y Sociales)

El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Poder Ciudadano, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Unión de Usuarios y Consumidores repudian una nueva decisión del jury constituido en Neuquén para enjuiciar al fiscal de Cámara Ricardo Mendaña.

Este tribunal intentó reanudar las audiencias contra el fiscal, a pesar de que se encuentra en trámite un amparo presentado por la defensa de Mendaña pidiendo el apartamiento de tres de los jurados por carecer de imparcialidad y no garantizar la defensa en juicio. Si bien las intenciones del jury se vieron frustradas por la renuncia de uno de los jurados, el jurado de enjuiciamiento resolvió suspender los plazos procesales, ya que la ley lo obliga a dictar sentencia sobre el caso en 150 días desde el inicio del proceso, un plazo que comenzó a correr en diciembre.

Las violaciones a la independencia judicial y al debido proceso en este juicio político han llegado al punto de que Leandro Despouy, Relator de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, iniciará actuaciones por las que se dará intervención a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La presentación ante el Relator había sido realizada en noviembre por el INECIP, el CELS, Poder Ciudadano, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Unión de Usuarios y Consumidores. Este año han hecho nuevas denuncias la Asociación de Magistrados y el Colegio de Abogados de Neuquén.

El fiscal Ricardo Mendaña había deducido una acción de amparo para que se le garantizara el derecho a ser juzgado por jurados imparciales, solicitando la exclusión de Jorge Sommariva, Roberto Fernández y Eduardo Badano, quienes además son tres ministros de la Corte provincial. En el marco de esa acción, el juez Alejandro Cabral dispuso la suspensión de los procedimientos del Jurado hasta la resolución definitiva de la acción presentada.

Después de una serie de excusaciones y recusaciones se integró la Cámara que debía resolver las apelaciones interpuestas por la defensa y por la Fiscalía de Estado. Ese pronunciamiento se produjo el 24 de junio, pero aún no se encuentra firme por haberse presentado un recurso de inaplicabilidad de ley que debe resolver el mismo Tribunal Superior. A pesar de que la ley provincial establece que "la imposición en término del recurso impedirá la ejecución de la decisión impugnada", el Jurado intentó reanudar las audiencias, aunque la renuncia del abogado Pablo Di Lorenzo se lo impidió. Di Lorenzo decidió abandonar su lugar denunciando que el jury "procedió con ilegalidad", convirtiéndose en el tercer jurado que adopta la misma actitud.

La suspensión de los plazos procesales es una nueva muestra de que el Jurado de Enjuiciamiento no pretende cumplir con los fines constitucionales asignados ni garantizar las reglas del debido proceso, poniendo en evidencia una vez más que constituye un mero instrumento de persecución política y que no tiene reparos en cometer nuevas ilegalidades contra un fiscal que actuó con independencia en investigaciones en las que estaban involucrados funcionarios del gobierno provincial como el gobernador Jorge Sobisch.

Para los jueces del Tribunal Superior cuestionados no ha resultado suficiente con impulsar la denuncia, quedarse en el Jurado para juzgar su admisibilidad, no excusarse y rechazar ellos mismos las recusaciones formuladas. La suspensión de los plazos procesales demuestra que tampoco les alcanzó con torcer la letra de la ley inventando un supuesto doble voto para dirimir el empate ante una recusación, ni con el recorte grosero del derecho de defensa, del principio de imparcialidad y de publicidad de las audiencias.

Los hechos relatados convierten al Poder Judicial de la Provincia de Neuquén en un botín político, controlado y controlable, donde no hay lugar para los magistrados y funcionarios independientes. El hecho de que se haya impedido en la mitad del proceso el acceso del público y de la prensa, convirtiendo en reservado un proceso que debe ser indudablemente público, es una muestra de ello.

Las organizaciones no gubernamentales firmantes denunciamos que este proceso es una muestra notable de la violación a la independencia judicial que sistemáticamente viene llevando adelante el Poder Ejecutivo de la provincia. Asimismo, respaldamos a Ricardo Mendaña, en el entendido de que son hechos como los relatados los que socavan fuertemente nuestras instituciones impidiendo construir genuinos Estados de Derecho.

 

Para más información, por favor contactarse con:

Daniel Perpiñal
Asistente del Área
de Participación Ciudadana

Tel/Fax: (54-11) 4787-5919/7032 (int. 222)
E-mail: controlciudadano@farn.org.ar

 

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  © Fundación Ambiente y Recursos Naturales Actualización: 22-jul-05