Gacetillas de prensa
Procedimiento transparente para la selección de los miembros de la Corte Suprema de Justicia
24 de junio de 2003

El Presidente de la Nación ha dictado el Decreto Nº 222/03 por medio del cual dispuso autolimitar las facultades discrecionales que la Constitución Nacional le confiere para la nominación de los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Dispone también un procedimiento de consulta a la ciudadanía respecto de la capacidad técnica, moral y compromiso de los candidatos propuestos con el sistema democratico y el respeto de los derechos humanos.

El texto del decreto se basó en los documentos denominados "Una Corte para la Democracia", que fueron producidos por seis organizaciones de la sociedad civil, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Poder Ciudadano, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y la Unión de Usuarios y Consumidores, quienes en el año 2002, aunaron sus esfuerzos para producir propuestas destinadas a recrear la credibilidad y legitimad dilapidada por el máximo tribunal a lo largo de la década del 90.

El Art. 99 de la Constitución Nacional otorga al Jefe del Estado el ejercicio de la facultad de nominar candidatos a ocupar el cargo de Juez de la Corte, sin otro requisito que obtener el correspondiente acuerdo del Senado. A partir de la vigencia del presente decreto, se crea un sistema por el cual toda vacante que se produzca en la Corte, será cubierta mediante un procedimiento de consulta pública, en el que la sociedad pueda evaluar con suficiente detenimiento las condiciones de idoneidad e independencia de criterio de los integrantes propuestos, como así también su trayectoria y compromiso con los valores de la democracia.

Es de esperar que la implementación del presente decreto logre desterrar cualquier tentativa de contar con una justicia sometida al poder político de turno y que se impulsen el resto de las reformas pendientes para que la justicia se integre definitivamente a la democracia.