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ESCRITOS (en PDF):
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A fines de 2001, la Provincia de Buenos Aires sancionó la Ley N° 12.831 que aprueba el Protocolo de Acuerdo suscripto entre el Municipio de San Isidro y la Provincia de Buenos Aires para el desarrollo urbanístico de la costa de San Isidro. Dicha ley transfiere a una "Sociedad Anónima" con participación estatal mayoritaria, denominada "Consorcio para el Desarrollo Urbano de la Costa de San Isidro S.A", la propiedad de la totalidad de las tierras del dominio de la Provincia de Buenos Aires y de la Municipalidad de San Isidro. Cabe señalar que estas tierras no están actualmente determinadas ya que, como surge del art. 2 de la ley 12.831, no existe un catastro de las tierras incluidas en el acuerdo, por lo que no se conoce cuáles corresponden a particulares, cuáles al Municipio y cuáles a la Provincia de Buenos Aires. Asimismo, se prevé la realización de rellenos del cauce del Río de la Plata con el objeto de ganar tierras que luego pasarán a formar parte de la Sociedad Anónima que se crea. Finalmente dicha sociedad tendrá la posibilidad de incorporar capitales privados hasta el 19% del capital social y asumirá las funciones de planificación urbana, ya que el Municipio le ha transferido las facultades para elaborar el "Plan Maestro de Desarrollo Urbano", que luego será puesto en consideración del Consejo Deliberante de San Isidro para su aprobación.
A mediados del año 2002, dos asociaciones locales con interés
en la preservación del medio ambiente, las Asociaciones Civil Pro
Vicente López y Ecos Rioplatenses, preocupados por tal situación,
acudieron al Programa Control Ciudadano del Medio Ambiente en procura
de asesoramiento jurídico. Los abogados del Programa, después
de un profundo análisis de la ley en cuestión, consideró
que su vigencia supone un claro intento de privatización de todo
el espacio público que conforma la ribera de San Isidro y que la
norma se encuentra concebida para evadir el cumplimiento de la normativa
de contrataciones del Estado y todos los mecanismos legales de control
de la transparencia de la gestión pública. Por todo ello, decidieron plantear una denuncia ante el Fiscal General
del Estado de la Pcia. de Buenos Aires a efectos que se investigue el
vaciamiento de la propiedad del Estado provincial y del municipio de San
Isidro que implica la vigencia de la Ley 12.831.
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| © Fundación Ambiente y Recursos Naturales | Actualización: 6-oct-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||