Proyecto
“Fortalecimiento de la Sociedad Civil para el ejercicio del derecho al agua y el control social de la actividad minera en las regiones de CUYO y NOA”

La Fundación Ambiente y Recursos Naturales y la Fundación Cambio Democrático asumimos el desafío de diseñar e implementar este proyecto como respuesta a la urgente necesidad de avanzar hacia una gestión ecosistémica de los territorios cordilleranos, convencidos de que la misma sólo es posible mediante la participación efectiva y responsable de  la sociedad civil. De otra manera, el anhelo de la conservación del ambiente y el desarrollo sustentable, de la mano de los criterios de precaución y prevención, difícilmente sean concretados.

Entendemos que entre las causas de los conflictos ambientales en torno a las industrias extractivas  y el acceso al agua, se encuentra una institucionalidad que no permite la adecuada participación de la sociedad en los procesos de toma de decisiones -particularmente en aquellas que afectan los diversos usos de los recursos naturales-, y asimismo la falta de una cultura de diálogo democrático.  

Por esta razón consideramos fundamental potenciar la capacidad de los actores de la sociedad civil para la producción de información relevante para el control social de las actividades que pueden poner en riesgo la calidad ambiental, su coordinación territorial, la adquisición de habilidades para el diálogo intersectorial,  y la consecuente incidencia en políticas públicas. 

La presente, es una iniciativa pionera en América Latina para promover el fortalecimiento de los Actores la Sociedad Civil – ASC – en su capacidad de control social e incidencia colaborativa en políticas públicas para el desarrollo sustentable de las regiones Cuyo y NOA. Al mismo tiempo se propone fomentar la construcción de ciudadanía a partir de la generación de espacios de diálogo democrático tendientes a buscar soluciones a los conflictos socioambientales, en especial aquellos suscitados en torno al derecho al agua y el impacto que sobre éste tiene la actividad minera.

Buscamos promover un mayor acceso a la información pública ambiental, una ampliación de la participación en los procesos de toma de decisiones y del acceso a la justicia en materia ambiental. Asimismo procuramos fomentar un vínculo más simétrico de la sociedad civil con las autoridades, con miras a una reformulación de los actuales esquemas de relación, habitualmente regidos por notorias desigualdades entre las partes actoras en este tipo de conflictos.

Si consideramos que de los 32 proyectos de mega minería identificados por su trascendencia pública, 27 de ellos están situados en las provincias que integran estas regiones, se comprende fácilmente el enorme valor potencial que adquieren los objetivos antes mencionados.

A esto se suma que desde una perspectiva ecorregional, el área del proyecto integra a las ecorregiones de la Puna, los Altos Andes, así como Monte de Sierras y Bolsones cuyas características cordilleranas y precordilleranas de gran aridez convierten al agua en un recurso de extraordinario valor para el desarrollo humano y económico. De este modo, la capacidad de las comunidades de más escasos recursos de acceder al agua tiende a verse obstaculizada por el uso minero.

Es clave contar en este proceso con la participación y el involucramiento de las organizaciones de la sociedad civil en tanto conocen las necesidades de los grupos más vulnerables a nivel local, contando con el potencial de aliarse para optimizar su impacto social y para desarrollar la capacidad de incidir en políticas públicas ambientales y contribuir a garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.

El severo menoscabo al goce de un derecho básico para el ser humano, como el derecho al agua, provocado por la actividad minera intensiva, sumado al crónico déficit de capacidad y confianza social de los gobiernos provinciales respecto a la aplicación política y técnica de principios de interés público en la evaluación y contralor de los proyectos de explotación de gran minería, acompañado por una debilidad de la sociedad civil para participar en dichos procesos de forma informada y eficaz – con la consiguiente generación de riesgos ambientales y sociales de corto, mediano y largo plazo – torna vital y urgente el abordaje de esta problemática.

Una renovada concepción de diálogo democrático, en el que participen agentes sociales fortalecidos y conscientes de sus capacidades y posibilidades, contribuirá en forma decisiva a hallar vías de solución a conflictos que poseen potencial para dañar en forma permanente e irreversible ecosistemas y comunidades enteras.

Fundación Ambiente y Recursos Naturales y Fundación Cambio Democrático  son responsables de llevar adelante este proyecto, el cual prevé acciones directas en las regiones definidas, y se encuentran firmemente abocadas a construir una red de actores de la sociedad civil que permita un desempeño más óptimo y organizado para contribuir al desarrollo armónico de las comunidades locales y la protección del ambiente.