Artículo
La Protección Legal de los Bosques Nativos
Por María Eugenia Di Paola y Natalia Machain*
La delicada situación y estado de los bosques nativos en el país merece que cada sector de la sociedad asuma sus responsabilidades. Nada podrá recomponer el daño que se produzca por habernos equivocado en cómo aprovechar los recursos que existen en estos ecosistemas tan importantes para el país.
Tengamos presente que los impactos reales de un inadecuado uso del bosque nativo, y la consiguiente desaparición de estos ambientes, importarán no sólo gravísimos daños irreversibles, como pérdida de biodiversidad, aumento del efecto invernadero y del calentamiento global, alteración del régimen hidrológico, inundaciones, entre otros. Nos encontraremos también con los efectos que se producirán sobre la sustentabilidad económica y social, dado que dependemos de los recursos que nuestra tierra nos brinda y que perdemos una oportunidad estratégica para el desarrollo del país.
Es por todos estos motivos, sintetizados en unas breves líneas, que resulta de vital importancia otorgarle un tratamiento integral a los bosques nativos, promoviendo que cada ámbito y cada jurisdicción tome a su cargo las responsabilidades que le corresponden de acuerdo con el sistema jurídico imperante, y sobre todo, con el mandato constitucional de un desarrollo sustentable que se desprende del artículo 41 de nuestra ley fundamental.
El actual proyecto de ley sobre Presupuestos Mínimos de Protección de los Bosques Nativos provee un mecanismo constitucional para abordar este tema, y establecer caminos de solución integradores. Este proyecto se encuentra hoy por hoy bajo tratamiento del Honorable Senado Nacional, luego de haber sido objeto de un intenso análisis en Comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación y de una extensa y rica sesión que determinó su aprobación en dicho cuerpo legislativo.
Los recursos naturales son de dominio originario de las provincias: cada una puede regular y decidir su uso; por esta razón cada jurisdicción presenta leyes y realidades distintas al respecto. Pero consideremos asimismo que esta República fundó sus bases en una integración que no puede desconocerse, y que se expresa en la Constitución Nacional. y en las competencias que manifiestan un interés común, hacia cada sentido cardinal. Esto coincide con una necesaria visión global y ecosistémica de las cuestiones ambientales en la cual se combinen un mínimo de protección compartido con las visiones específicas de cada ámbito regional del país.
Es aquí donde reside la importancia de las normas de presupuestos mínimos de protección ambiental, las cuales por mandato constitucional deben ser establecidas por la Nación, y por medio de las cuales se establecen estándares y políticas básicos que deben ser respetados en todo el territorio del país, pudiendo ser complementados por las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en forma más exigente pero nunca más laxa. Si bien el Congreso ha comenzado su tarea sancionando la Ley General del Ambiente y algunas normas sectoriales de presupuestos mínimos, resta aún dar curso a la temática de bosques nativos. Asimismo, resulta crucial que la República Argentina haga realidad la implementación de los compromisos internacionales ya asumidos, tal es el caso de la Convención de Biodiversidad aprobada y ratificada por nuestro país.
Dentro de los ejes principales del proyecto de bosques nativos se incluye al Ordenamiento Ambiental del Territorio con base técnica, social y participativa, el que deberá ser llevado adelante por cada provincia. Como resultado, este proceso arrojará zonas que poseen un mayor o menor nivel de conservación, y otras que admitan diversos tipos de usos y aprovechamientos.
Otro aspecto fundamental es la obligatoriedad de una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) previa a conferir la autorización de aprovechamiento del bosque o de desmonte, sobre la base del ordenamiento territorial que se haya establecido. Se trata de un procedimiento administrativo y técnico por el cual quien desee llevar a cabo un proyecto debe, en forma previa, realizar un estudio técnico interdisciplinario a fin de analizar sus impactos positivos y negativos y someterlo al análisis de la autoridad, la cual debe asimismo convocar a una instancia de participación ciudadana, a través de una audiencia pública o consulta.
Asimismo, se instituye la necesidad de contar con un Plan Nacional de Bosques que, de un modo estratégico, procure llevar la misma lógica del ordenamiento ambiental del territorio a nivel nacional considerando la necesaria coordinación entre jurisdicciones y también el aprovechamiento racional de los bosques.
Frente a la vertiginosa concesión de permisos de desmonte que está ocurriendo en algunas jurisdicciones en forma coincidente con el tratamiento de este proyecto, es apropiado que el mismo no se vea abortado por intereses que nada tienen que ver con la protección ambiental y el desarrollo sustentable. El desafío del Poder Legislativo es justamente hacer posible el reconocimiento del valor intrínseco y estratégico de los bosques nativos de nuestro país.
*Las autoras son Directora del Área de Investigación y Capacitación y Coordinadora de Conservación de FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales)
Carina Quispe
Directora en Conservación
y Política Ambiental
