En tal sentido, es necesario que se cumpla con la legislación ambiental vigente que exige a las autoridades la  implementación de herramientas estratégicas, como el ordenamiento ambiental del territorio, la evaluación de impacto ambiental y la evaluación ambiental estratégica, con participación ciudadana, procesos que deben necesariamente incluir al conjunto de la ciudadanía y de los sectores involucrados para evitar que se produzcan dicotomías entre los incluidos y excluidos, entre los trabajadores y quienes reclaman porque su derecho al ambiente sea respetado y garantizado.

Es necesario resaltar que no existe un solo tipo de minería, sino que hay varias modalidades que es necesario diferenciar a efectos de poder abordar un amplio debate  sobre el modelo extractivo vigente. Es necesario diferenciar los minerales de distintas categorías, la actividad hidrocarburifera y gasífera. No es lo mismo la explotación de canteras, que se realiza en diversos lugares del país, desde hace ya varias décadas con la vinculada a la mega minería a cielo abierto.

Precisamente en los años 90 esta actividad cobró auge, mediante la explotación de minerales metalíferos llevada a cabo por grandes empresas multinacionales en la modalidad a cielo abierto, sobre vastas extensiones de territorio, que conlleva una serie de impactos ambientales sobre el paisaje, el agua, el suelo y el aire, principalmente por las sustancias utilizadas para la explotación. Por otra parte, los beneficios impositivos que recibe esta actividad también se contraponen a la generación de una fuerte externalización de costos ambientales y sociales.  Todos estos aspectos deben ser evaluados al momento de decidir qué desarrollo queremos para el país.

Mención especial merece el agua, recurso estratégico de especial relevancia para las principales provincias mineras de Argentina atento allí el agua es escasa y muy apreciada y que es de vital importancia para el consumo humano y de otras actividades productivas como la agricultura.

En dichas zonas existen además valiosos glaciares andinos, que alimentan los cursos de agua presentes en la región andina del país. Hoy en la Argentina los glaciares se ven amenazados por un número cada vez mayor de proyectos mineros a gran escala que avanzan sobre áreas glaciares y peri glaciares. Es preciso que ese proceso de destrucción se detenga de inmediato. Es preocupante que el Gobierno Nacional esté demorando la definición de las zonas prioritarias que exige la Ley de Glaciares Nº 26.639, aprobada en septiembre de 2010. La Ley de Glaciares debe comenzar a ejecutarse sin más demoras e iniciarse de manera urgente el inventario y la revisión  de los proyectos mineros en ejecución en las áreas afectadas.

Por ello estimamos que resulta indispensable promover un debate sobre minería y mega minería y que el mismo se produzca dentro del marco brindando por la legislación ambiental existente, para que todas las voces sean incluidas y que no primen los intereses de las empresas multinacionales por sobre el de la sociedad y los sectores más vulnerables.

COMUNICADO: ES NECESARIO REVISAR EL MODELO EXTRACTIVO

Conflicto en Belén y Tinogasta

La Fundación Ambiente y Recursos Naturales manifiesta su repudio al desalojo, represión y detención de la que fueron víctimas los vecinos y asambleístas en los Departamentos de Belén y Tinogasta (Provincia de Catamarca) mientras continuaban con un corte selectivo en la Ruta Nacional 40 y la Ruta Nacional 60, respectivamente, impidiendo el paso de vehículos con elementos destinados a la minera La Alumbrera.

Desde FARN expresamos nuestra preocupación y rechazo a esta medida, que no hace más que criminalizar una protesta pacífica, en la que los habitantes del lugar se limitan a hacer uso de los derechos de peticionar a las autoridades y asociarse con fines útiles consagrados en nuestra Constitución Nacional y Tratados Internacionales con jerarquía constitucional.

En tal sentido, es necesario que se cumpla con la legislación ambiental vigente que exige a las autoridades la  implementación de herramientas estratégicas, como el ordenamiento ambiental del territorio, la evaluación de impacto ambiental y la evaluación ambiental estratégica, y la necesidad de establecer instancias de participación ciudadana que integren la opinión de las comunidades locales potencialmente afectadas por los mega emprendimientos mineros, como instancias obligatorias previas para la autorización de aquellas actividades que puedan generar efectos significativos sobre el ambiente.

Finalmente solicitamos a las autoridades que dejen de lado el accionar represivo contra los ciudadanos que manifiestan y expresan libremente su opinión y sentir respecto de las actividades megamineras y abran un espacio de participación que permita conocer las opiniones de quienes necesitan ser escuchados.

Comunicado: Conflicto en Belén y Tinogasta

En relación a las Islas Malvinas en particular, FARN pertenece al Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Zonas de Influencia[1] como organización asociada. Dicho Foro conglomera a un grupo de organizaciones que se han unido con el fin de enfrentar las amenazas de polución, sobrepesca y pesca destructiva para la protección de dicha zona.

En ese sentido, el Foro publicó en el año 2008 el Informe “Síntesis del Estado de Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia”, donde se analiza y brinda recomendaciones para su conservación. La publicación completa se encuentra disponible en http://www.marpatagonico.org/libro/sintesis-mar-patagonico.pdf.

Asimismo, las organizaciones miembro de dicho Foro hicieron recientemente un exhaustivo trabajo de análisis que resultó en la identificación de sitios valiosos para la conservación de la biodiversidad a lo largo del Mar Patagónico y las principales amenazas que enfrentan. Uno de estos sitios precisamente se denomina Frente de Islas Malvinas. El Foro también ha desarrollado diversos proyectos e informes vinculados con la sobrepesca y otras actividades extractivas en el Mar Argentino, del cuál las Islas Malvinas forman parte integral.

No obstante ello, resulta alentador que la Presidenta de la Nación haya manifestado su preocupación por la conservación de una zona tan valiosa que ha sido sistemáticamente depredada por los buques que pescan de manera ilegal en dicha zona. En ese sentido, creemos que resulta una gran oportunidad para impulsar acciones destinadas a controlar la  depredación y la sobrepesca en nuestro Mar, para lo cual un proceso participativo de ordenamiento ambiental del territorio y el Mar Argentino sería un buen primer paso en esa dirección, promoviendo así la sustentabilidad en el uso de los recursos naturales allí presentes.

Los vecinos de los pueblos de Famatina y Chilecito, al igual que en el año 2006 cuando rechazaron a la empresa Barrick Gold, se encuentran protestando desde el pasado 2 de enero contra el proyecto minero de la multinacional Osisko Mining Corporation (de origen canadiense) que firmó un convenio de exploración con el gobierno de esa provincia en agosto de 2011 para buscar oro en la zona.

Las asambleas ciudadanas de Famatina y Chilecito piden la anulación de dicho contrato, para proteger un recurso como el agua, que es fundamental para la agricultura de la zona y puede ser contaminada por un proyecto de megaminería a cielo abierto.

En ese sentido, es importante recordar el “caso Esquel” en 2003, cuando un plebiscito convocado por el Gobierno local arrojó un contundente 80% en contra del proyecto de la multinacional Meridian Gold, apoyado en ese entonces por el Gobierno de la provincia de Chubut.

Conforme la Ley General del Ambiente (LGA) N° 25.675, las autoridades deben institucionalizar procedimientos de consultas o audiencias públicas como paso previo obligatorio para autorizar determinadas actividades. Además, la LGA en su artículo 19 reconoce el derecho a todas las personas a opinar en procedimientos administrativos relacionados con la preservación y protección del medio ambiente. Y en su artículo 20 establece la obligatoriedad de dichas consultas o audiencias públicas para las actividades suceptibles de generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente.

Desde FARN instamos a las autoridades provinciales a que escuchen el reclamo del pueblo de Famatina y Chilecito. Consideramos de vital importancia que el pacífico reclamo de los ciudadanos bregando por la protección de un recurso vital como el agua sea oído, y que el derecho a participar en forma efectiva en los procesos de toma decisiones respecto del modelo de desarrollo a seguir sea respetado.

Comunicado: Conflicto en Famatina

Si bien existieron avances en la gestión de ACUMAR resultan apresuradas las declaraciones del Secretario de Ambiente de la Nación Juan José Mussi afirmando que el Riachuelo podría estar saneado para el 2016. Todavía no se pusieron en marcha las obras de infraestructura para contener la contaminación cloacal, tampoco se inspeccionaron todas las empresas de la Cuenca ni se definió un Plan de Ordenamiento Territorial.

El Secretario de Ambiente de la Nación Juan José Mussi manifestó en declaraciones públicas que el Riachuelo podría estar definitivamente saneado para mediados del año 2016.

Aun cuando han existido avances de consideración en la gestión de ACUMAR durante el año 2011, resulta apresurado afirmar que el Riachuelo quedará definitivamente saneado para el año 2016, ya que todavía no puede establecerse con tal certeza en tanto:

a) No se ha definido técnicamente qué se entiende por saneamiento o cual es el alcance que el mismo deberá tener en relación al Riachuelo en particular

b) No se han puesto en marcha las obras de infraestructura que resultan indispensables para lograr la contención de la contaminación cloacal del Riachuelo

c) No se ha terminado aún de inspeccionar a la totalidad de las empresas que vierten contaminantes sobre la Cuenca

d) No se ha definido un Plan de Ordenamiento Territorial para la Cuenca.

Debemos recordar que la Corte Suprema de Justicia en su fallo del 8 de julio de 2008 fijó tres objetivos fundamentales a cumplir por parte de los condenados a cumplir con el fallo (Estado Nacional, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires) siendo estos:

a) la recomposición del daño ambiental de la Cuenca.

b) Mejorar la calidad de vida de la población.

c) Prevenir daños futuros.

La Autoridad de la Cuenca Matanza–Riachuelo no ha definido aún qué significa recomponer el ambiente, cuestión que resulta fundamental para entender, conocer e interpretar las definiciones expresadas por el Presidente de ACUMAR.

En tal sentido, desde FARN junto con las organizaciones que integran el Cuerpo Colegiado y el Defensor del Pueblo de la Nación hemos manifestado en reiteradas oportunidades (y lo hacemos nuevamente): es necesario perseguir la RECOMPOSICIÓN TOTAL de la Cuenca, que no solo incluye su saneamiento sino el cumplimiento simultáneo de los tres objetivos establecidos por el CSJN. Estos objetivos no podrán alcanzarse si no se establece un cambio de patrones de producción, organización y consumo de todas las actividades productivas, residenciales y de transporte que se realicen en la Cuenca, aspecto sobre la cual todavía no ha avanzado lo necesario para fundar de manera adecuada las afirmaciones del Secretario del Ambiente de la Nación.

Por otra parte, el saneamiento de un río que recorre 65 kms y abarca 2200 kms2, con una población cercana a los 5 millones de personas, es una acción que requiere del compromiso y la participación de todos los actores políticos, sociales, económicos y de la ciudadanía.

Por ello, creemos que las declaraciones del Dr. Mussi nos colocan ante una gran oportunidad para convocar a un amplio proceso de participación política y social que establezca una Política de Estado para el Riachuelo, que defina cuál es la Cuenca que esperamos para el año 2016, y nos comprometa a defender las políticas y las acciones que sean necesarias para lograr su saneamiento y definitiva recomposición.

Esta medida consta en los anexos de la Decisión Administrativa 19 publicada en el Boletín Oficial el 26 de diciembre de 2011 en la que la Jefatura de Gabinete de Ministros dispuso recortar $ 28 millones destinados al desarrollo sustentable de la Cuenca Matanza-Riachuelo y otorgar $ 25 millones al Programa “Fútbol para todos”.

Con decisiones como la mencionada, el saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo y la salud de los más 3 millones de habitantes que viven a la vera de la Cuenca nuevamente queda postergada, aun cuando existe un fallo histórico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de hace más de tres años que obligó al Estado Nacional, Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y 14 municipios a recomponer la Cuenca más contaminada del país y una de las 30 más contaminadas a nivel mundial.

Foto: Agustín Casamajor

FARN, Greenpeace Argentina, Fundación AVINA, Fundación Cambio Democrático y Poder Ciudadano enviaron una carta al Ministerio de Ambiente y Espacio Público y la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires en la que piden que se cumpla con el artículo 10 de la Ley 1854 de “Basura Cero” que establece el funcionamiento de la Comisión Asesora Permanente para el seguimiento y control de dicha norma.

Carta enviada al Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Agencia de Protección Ambiental – 26 de diciembre de 2011

Propuesta de reglamento para la Comisión de Basura Cero

Las organizaciones ambientalistas advirtieron que en la Ley de Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional para el año 2012, aprobada el día 21 de diciembre en el Congreso Nacional, nuevamente la partida prevista para la conformación del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos resulta insuficiente de acuerdo a lo establecido en la Ley Nacional N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.

Mientras que el artículo 16 de la Ley de Presupuesto Nacional para el 2012 destina una partida de $ 267.467.000 pesos al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, el artículo 31 de la Ley de Bosques dicta en su inciso a) que las partidas presupuestarias anualmente asignadas a fin de dar cumplimiento a la referida norma “no podrán ser inferiores al 0,3% del presupuesto nacional”, y en su inciso b) que a esta suma debería adicionarse “el dos por ciento (2%) del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración”. Esto significa que la suma asignada para la protección de los bosques nativos durante el año 2012 será aproximadamente siete veces menor a lo establecido en la legislación vigente.

El 30% de los fondos está destinado a fortalecer la capacidad técnica y de control de las provincias y fomentar las actividades productivas que los pequeños productores rurales y comunidades indígenas realizan en los bosques, y el 70% restante tiene como objetivo compensar a los titulares de bosques nativos que realicen tareas de conservación y manejo sostenible.

La sanción de la “Ley de Bosques”, en el año 2007, significó un avance sin precedentes en materia ambiental para nuestro país, pero también un logro significativo en la participación de la sociedad civil en el reclamo efectivo de una norma de protección ambiental, puesto que la medida contó con el apoyo de cerca de un millón y medio de firmantes que la avalaron.

A pesar de esto, durante 2008 y 2009 la norma no contó con los fondos correspondientes. Un mínima parte fue incorporada recién en 2010 ($ 300 millones), sustancialmente menor a lo que dicta la Ley de Bosques. Además, una parte de éstos fue reasignada para otros fines (Programa Fútbol para Todos). En 2011, ante la falta de aprobación por parte del Congreso Nacional de la Ley de Presupuesto Nacional, se repitió la partida establecida el año anterior, con lo que el Fondo volvió a ser significativamente inferior a lo estipulado por la norma.

“Como entidades de la sociedad civil, decididamente involucradas en la protección de los bosques nativos, queremos resaltar la necesidad de sustanciar el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, poniéndolo en marcha de manera urgente y efectiva”, advirtieron las organizaciones firmantes.

La lucha contra el cambio global requiere de un proceso de negociación y liderazgo político que nos asegure no sólo un acuerdo que sea sostenible en el tiempo, sino también que el mismo sea integral,  justo y con soluciones efectivas, ya que millones de personas en el globo se ven cada vez más amenazadas y damnificadas por los efectos del cambio climático.

Conclusiones de la COP 17 de Durban – Documento elaborado por FARN (Diciembre 2011)

El hecho de utilizar conceptos tan abiertos e imprecisos hacen posible la aplicación de estos agravantes a la gama de figuras penales típicamente utilizadas para la criminalización de la protesta social: en la persecución de resistencias a desalojos, cortes de vías de circulación o simples actos de protesta en el espacio público. Una normativa similar ha tenido graves consecuencias en su aplicación en Chile, lo que ha permitido la persecución penal de dirigentes del pueblo Mapuche en el marco de la ley antiterrorista, por cargos asociados al incendio de bosques.

Por ejemplo, actualmente la pena prevista por una usurpación es de 6 meses a 3 años, pero según este proyecto pasaría a ser de 1 a 6 años si se considera que tiene finalidad terrorista, introduciendo así el riesgo de la prisión efectiva. Además, este proyecto implicaría nuevas desproporciones en la escala penal: por ejemplo, quien cometiera un hurto en el contexto de una conmoción pública podría recibir una condena mayor que la que corresponde a un policía que ocasionara torturas.

La reforma propuesta agravaría la amenaza de persecución penal para las personas que luchan por la reivindicación de sus derechos y generaría las condiciones para una mayor criminalización de la protesta social a través de la ampliación de las figuras penales, el  aumento de las penas y el estigma social de los luchadores populares, por su eventual asociación simbólica al terrorismo.

Si bien el proyecto establece que el agravante no se aplicaría en los casos en que se trate del ejercicio de un derecho constitucional, este criterio no garantiza que líderes sociales no sean perseguidos y sometidos a proceso bajo estas nuevas figuras ligadas al terrorismo, lo que de por sí implicaría someterlos a una fuerte presión para abandonar su reclamo. Dada la amplitud e imprecisión de los términos, se invierte la carga de la prueba y serán ellos los que deberán probar, en el marco de los procesos penales, que no son terroristas.

Este tipo de  reformas legislativas son  exigidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como condición para considerar a nuestro país como un destino seguro de Inversiones Externas Directas. Observamos con profunda preocupación que, a fin de cumplir con las exigencias de organismos internacionales, se dispongan medidas de carácter penal que puedan vulnerar derechos fundamentales. Es necesario ubicar esta iniciativa en el marco de concepciones fuertemente instaladas en torno de las llamadas “nuevas amenazas” en discursos y propuestas sobre seguridad hemisférica. Perspectivas que, en ocasiones, bajo el pretexto de luchar contra los “nuevos” enemigos de la seguridad (que abarcan prioritariamente al narcotráfico y al terrorismo), incluyen respuestas fuertemente punitivas a problemáticas políticas, económicas, sociales, de salud pública o medioambiental. El diagnóstico de “las nuevas amenazas” suele extenderse sin matices sobre la región, a través de propuestas que desconocen particularidades de la situación del delito de cada país, así como el marco normativo interno.

La reforma implicaría, además, graves riesgos para las organizaciones que presten apoyo a los movimientos sociales, ya que podrían ser consideradas como autoras del delito de financiamiento al terrorismo, en caso de que reciban, recolecten o entreguen dinero para solventar actividades de organizaciones sociales cuyas protestas sean consideradas acciones terroristas.

Manifestamos nuestra oposición al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo Nacional y llamamos a las autoridades políticas a abstenerse de aprobar esta reforma en tanto constituye una nueva ampliación de la respuesta punitiva estatal mediante la incorporación de figuras inconstitucionales, el aumento de penas y la legitimación de la persecución penal a la protesta social.

Comunicado – Ley antiterrorista (con lista de adherentes)