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La Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Poder Ciudadano, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y la Unión de Usuarios y Consumidores, compartimos la convicción de que nuestro trabajo se orienta a la construcción de una democracia sólida y estable que requiere, para su funcionamiento, un Poder Judicial legítimo, creíble y neutral respecto de intereses particulares y capaz de concretar el valor justicia. Por ello, nos sentimos comprometidos a realizar nuestro aporte a la renovación de la legitimidad de la Corte Suprema en particular y del sistema de justicia en general, como condición ineludible de la institucionalidad democrática. En este sentido, los documentos "Una Corte para la Democracia I y II", que tuvieran difusión pública en su momento, proponían algunas modificaciones que, consideramos, debían realizarse en el funcionamiento del Tribunal. En dichos documentos realizamos propuestas de reforma que debían ser implementadas desde cada uno de los tres poderes. Algunas de éstas se vinculaban con las facultades del Poder Ejecutivo para nombrar jueces en la Corte Suprema. Otras propuestas de reforma debían ser impulsadas desde el Congreso de la Nación y se orientaban a limitar la jurisdicción del máximo tribunal y a modificar el proceso de designación y remoción de jueces. Por último, señalamos ciertos cambios que debían operarse en el seno de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este tercer documento se centra en la profundización de estos últimos puntos.
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