El Ambiente en la Justicia
Seis casos patrocinados por el programa Control Ciudadano del Medio Ambiente
Palabras finales
La participación ciudadana se ha convertido en un tema de primera prioridad en la agenda pú-blica
de nuestro país. Esto es así, principalmente luego de lo acontecido a fines de diciembre de
2001, ya que la comunidad ha tomado conciencia que sólo con el esfuerzo colectivo lograremos
una mejor calidad institucional. Parecería que los argentinos hemos decidido dejar atrás una his-toria
jalonada por la discontinuidad constitucional. Ahora en lugar de buscar al "salvador de la
patria", de lo que se trata es de reconstruir la República. Pues bien, tamaña tarea requiere del
mejoramiento de muchos de los elementos de nuestro débil Estado de Derecho.
La lucha por una justicia independiente es en la actualidad, una suerte de "caballito de batalla"
de toda la ciudadanía. Así, asambleas barriales, manifestaciones populares, petitorios de todo ti-po,
encuentran como nota común: el logro de un Poder Judicial independiente, lo que debe co-menzar
por una Corte Suprema de Justicia, cuyos miembros cuenten con la legitimidad que
emerge de la aprobación de los "justiciables".
A través de su programa "Control Ciudadano del Ambiente", la FARN aspira desde hace dos
años, contribuir en la concreción de tan ambicioso y necesario objetivo. En efecto, su accionar
apunta a conseguir un acceso ampliado a los estrados judiciales en aras a la obtención de una
defensa adecuada del derecho a un ambiente sano y apropiado para la sustentabilidad del de-sarrollo.
Asimismo, esta labor se lleva a cabo dentro del marco de un conjunto de actividades
que permite la utilización de un amplio abanico de herramientas destinadas a la participación
ciudadana.
El análisis de los casos llevados hasta el momento pone de manifiesto el inmenso poder que po-demos
desplegar los gobernados, en nuestro caso, acompañados por una organización de la so-ciedad
civil como es la FARN. A partir de una toma de conciencia unida a un fuerte trabajo de
organización se llega a metas concretas. Por sorprendente que parezca cede la inoperancia de
gobiernos y el incumplimiento de prestadores de servicios o de realizadores de obras, ante la
acción ciudadana vigilante embestida de las armas que brindan la constitución, los tratados y
las leyes. Siendo el control seguramente, la nota más significativa del Estado de Derecho, en
nuestro medio la ausencia de efectiva fiscalización de los actos de gobierno ha sido una cons-tante
que recorre toda nuestra historia. Pues bien, sirva el esfuerzo de la sociedad civil como
herramienta reparadora que desde diferentes lugares y valiéndose de las más diverss herramien-tas,
pueda reconstruir una función indispensable en toda República democrática. Creemos que
este Programa ofrece una variada gama de instrumentos aptos para contribuir hacia ello.
Ello en tanto y cuanto se opera como una suerte de "lobby cívico" en manos de quienes son los
destinatarios de las decisiones y ansían satisfacerse con ellas en lugar de aumentar penurias y
sufrimientos. Pero, este "empoderamiento" sólo es posible gracias al invalorable esfuerzo de un
notable equipo a cuya cabeza Beatriz Cohen despliega sus sobresalientes dotes profesionales,
su coraje y una persistencia que no se amilana frente a ningún inconveniente, Andrés Nápoli y
Diego Kravetz a través de su transparente y eficaz labor consiguen que la sociedad se reconci-lie
con los profesionales del derecho; y, Daniel Perpiñal los secunda con la pasión y el deseo de
justicia que anidan en el alma de un brillante estudiante y futuro abogado. Por consiguiente, es
de esperar que la labor coadyuve a una mejor calidad de vida dentro de un Estado de Derecho,
en cuyo interior el valor justicia inspire el contenido de las decisiones públicas.
Daniel Sabsay
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