El rol de las ONGs ante
el colapso de pesquerías
Juan Carlos Villalonga

Greenpeace ha estado siguiendo con atención la crítica situación de la actividad pesquera en Argentina, con especial énfasis en su principal recurso, la merluza hubbsi. Durante este año hemos estado demandando una serie de medidas que son las que sintéticamente presentaremos.

1999: Año decisivo.

Son muchas las razones que permiten decir que el año 1999 está siendo un año decisivo en cuanto al futuro de la pesquería de merluza. Luego de la sobrexplotación a la que ha estado sometido este recurso, el nivel de deterioro del mismo es muy grave y las medidas de conservación necesarias deben ser adoptadas sin mayores demoras.

• "La pesquería de merluza presenta indicadores de sobreexplotación"
• "La biomasa reproductora se halla con valores por debajo de lo biológicamente aceptable"
• "El nivel actual de biomasa reproductora muestra el valor histórico mas bajo".
  INIDEP (1999)

El sector pesquero ha alcanzado un nivel de comprensión de la crisis y del riesgo que se corre como nunca antes había ocurrido. También las autoridades gubernamentales coinciden en este diagnóstico, aunquecontinúa siendo muy difícil la adopción de las medidas necesarias.

Como prueba de esta situación y de la conflictividad existente a la hora de diseñar políticas para encauzar la actividad pesquera vale observar lo sucedido hasta ahora durante 1999.

A comienzos del año la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA) publicó una resolución cuya medida básica fue disponer que los buques arrastreros que pescan merluza capturendurante 1999 el 50% de las capturas que declararon en 1997. Esta medida tenía por objetivo disminuir, desde el inicio del año, el esfuerzo pesquero hasta tanto se contase con los informes del INIDEP que permitiesen adoptar una Captura definitiva para el año.

Esta medida, que asignaba provisoriamente una cuota para cada buque para el año 1999, fue resistida por diversos sectores ya que no estaba en plena coincidencia con lo que la Ley Federal de Pesca establecíacomo criterios de cuotificación. Esto motivó la presentación de recursos de amparo contra la medida y la misma no fue acatada.

En el mes de marzo el INIDEP presentó su informe con las recomendaciones en materia de capturas para la merluza. Básicamente las mismas decían:

• Para el Sur del 41: 129.000 tn a un máximo de 161.000 tn
• Para el Norte del 41: 3.900 tn a un máximo 35.200 tn.

Posteriormente, durante el mes de abril, el Consejo Federal Pesquero adoptó una serie de decisiones relativas a la preservación de la merluza hubbsi. El Consejo fijó la Captura Máxima Permisible para lamerluza en unas 188.000 tn y una de sus consecuencias más inmediatas y relevantes fue la decisión de cerrar el caladero a partir del 1 de junio teniendo en cuenta las capturas ya realizadas y el ritmo mensual de las mismas. A partir de estas medidas adoptadas por el Consejo se sucedieron una serie de reclamos procurando revertir las mismas, sin embargo, el Consejo mantuvo firme tales decisiones.

Sin embargo, vale mencionar que las decisiones mencionadas adoptadas por el CFP no fueron puestas efectivamente en vigencia por la autoridad de aplicación.

Durante las primeras semanas del mes de mayo la crítica situación de la actividad pesquera cobró notoriedad y ante el posible cierre del caladero se produjo una notable reacción por parte de sus diferentes sectores.

Por un lado avanzó la Ley de Emergencia Pesquera la que fue aprobada finalmente el 2 de junio. Las medidas principales de esta norma son: colocar a la flota congeladora a sur del paralelo 48° S y asignar la cuota remanente de merluza a la flota fresquera. Ese mismo día, un decreto presidencial estableció diferentes medidas sobre los mismos puntos. La confusa situación se resolvió en Julio con la reglamentación de la Ley de Emergencia Pesquera.

Paralelamente se había gestado una fuerte movilización social en la ciudad de Mar del Plata, sin duda la ciudad en que mayor impacto social tiene la crisis pesquera. Una de las primeras manifestaciones de esta situación se expresó en un documento firmado en esa ciudad por varias cámaras empresarias y entidades gremiales el día 3 de mayo. Posteriormente la movilización pesquera hacia Buenos Aires para impulsar la Ley de Emergencia Pesquera fue un hecho determinante para su aprobación.

El decreto de reglamentación de la Ley de Emergencia en el mes de Julio asignó también una cuota extra de 50.000 toneladas para la flota fresquera. Esas 50.000 toneladas debían ser cuotificadas acorde a los criterios de la Ley Federal de Pesca. Con esa cuota extra la CMP para 1999 se modificó y pasó a ser de 238.000 toneladas superando ampliamente lo aconsejado como niveles máximos por parte del INIDEP.

Con la Ley de Emergencia Pesquera en vigencia un grupo de empresas congeladoras presentaron recursos de amparo para poder acceder a pescar al Norte del paralelo 48. Este recurso tuvo éxito y un grupo de buques no ha estado cumpliendo con la zonificación establecida. Posteriormente otro recurso de amparo cuestiona la racionalidad del otorgamiento de la cuota extra de 50.000 toneladas para la flota fresquera. Sin embargo esto no modificó la situación y las 50.000 toneladas fueron pescadas aunque sin la cuotificación requerida.

Durante el mes de septiembre se sabe que los valores de captura declarados ya superan el valor de la CMP para 1999. La situación es de alto riesgo y requiere actuar sin mayores demoras.

"MEDIDAS PARA SUPERAR LA EMERGENCIA PESQUERA"

Ante este escenario altamente conflictivo y complejo Greenpeace propone una serie de medidas que consideramos deben adoptarse de manera inmediata para procurar superar la crisis desatada tratando de garantizar la protección del recurso y minimizar sus impactos sociales. A su vez procuran ir estructurando la actividad de modo de hacerla compatible con una explotación sustentable del recurso.

Medidas a adoptar urgentemente

1) Protección de la Pesca Costera
Se debe brindar especial protección a este sector otorgándole una zona exclusiva para su desarrollo sin competencia con las otras flotas. Se debe establecer la isobata de 50 metros como límite para definir esta área de pesca acordando con las provincias con litoral marítimo la aplicación de este criterio.
Los conflictos surgidos durante este año en la provincia de Buenos Aires y los que se presentan en Chubut con el reciente ingreso de buques de altura para operar en Rawson muestran la necesidad de proteger este sector. En cuanto a merluza este estrato de flota debería tener una cuota de captura acorde a sus niveles históricos independientemente de las variciones que sufra la Captura Máxima global.

2) Emergencia Pesquera durante el 2000
Greenpeace considera importante que la emergencia pesquera se extienda más allá del 31 de diciembre de 1999. La Emergencia Pesquera debe priorizar la protección del recurso y el respaldo económico para minimizar la crisis del sector, ambas medidas deben ayudar a superar la crisis con el menor costo posible. No se deben alentar medidas que puedan agravar la situación tornando la misma en una crisis final. El caso del otorgamiento de las 50.000 tn extras aumentando la Captura máxima es un ejemplo de esto.
Es preocupante ver que desde la aprobación de la Ley de Emergencia Pesquera en junio no se ha explicitado ningún modelo para enfrentar la emergencia durante el próximo año, no lo han hecho las actuales autoridades como tampoco lo han esbozado los candidatos que tendrán el tema pesquero en sus manos a partir del 11 de diciembre, con muy poco tiempo para discutir y consensuar un régimen de emergencia y de reordenamiento que debería estar vigente a partir del 1 de enero del año 2000.

3) Estricto Control de las Medidas de Conservación (vedas, capturas, etc.)
Greenpeace ha venido demandando la presencia de observadores e inspecciones a bordo de todos los barcos arrastreros congeladores y arrastreros fresqueros de altura. Como complemento a lo anterior, enaquellos buques habilitados para la pesca de especies que no sean la merluza hubbsi, pero donde esta sea capturada como especie acompañante, también deberá disponerse de observadores a bordo.

Esto no sólo no ha ocurrido, este año se está nuevamente superando la Captura Máxima Permisible por las capturas declaradas sin contabilizar la subdeclaración que se sabe es como mínimo de un 30%. Esto implica el disponer del inmediato cierre de la pesca de merluza en todo el mar argentino.

El cumplimiento de las zonas de pesca establecidas por la Ley de Emergencia se está violando por un grupo de empresas entre las que se encuentra Pescapuerta, Mellino, Iberconsa y Harengus, cuyos buques han sido denunciados por Greenpeace. Los recursos de amparo no pueden ser el mecanismo que sistemáticamente se utiliza para evadir las medidas de protección y dejar al estado sin posibilidades de actuación.

El descontrol se manifiesta también, por ejemplo, en las recientes denuncias hechas por pescadores por la utilización de redes con los denominados "calcetines" en buques que operan en el Golfo San Matias (Rio Negro).

Para el próximo año, ya que este año no se ha implementado, el uso de los dispositivos de selectividad deberán ser obligatorios para todos los buques arrastreros, estamos hablando del DEJUPA y el DISELA II en el caso del langostino.

4) Cuotificar con un previo ordenamiento por flota
Es preciso producir una reestructuración de la flota pesquera de merluza. Esta reestructuración debe conducir a una disminución de la cantidad de barcos. La existencia de demasiados barcos con una excesiva capacidad de captura, por encima de lo que el recurso puede tolerar, hace necesario que durante la emergencia pesquera se desarrollen los criterios que permitan arribar a esta disminución.

La Ley Federal de Pesca, aprobada en 1997, estipula que el ordenamiento de la flota pesquera se basará en el establecimiento de un régimen de Cuotas Individuales de Captura (CICs). Para Greenpeace la cuotificación prevista en la Ley Federal de Pesca debe desarrollarse con un criterio tal que refleje una configuración de la flota pesquera como lo era antes de la expansión irracional que ha conducido a la destrucción del recurso ictícola.

Si se observan las capturas de merluza se puede verificar que luego del año 1991 se comienza a violar sistemáticamente, y en magnitudes importantes, la CMP llevando al recurso a la situación de crisis en la que hoy se encuentra.

Por eso es esencial que la cuotificación no se realice cristalizando una configuración por tipo de flota (flota congeladora/factoría y fresqueros) que es el modelo que ha depredado el recurso. Se debe cuotificar reflejando una distribución de capturas en una relación buques congeladores y fresqueros como la que existía en 1991. A partir de ese momento es cuando se adoptan las medidas que provocaron el descontrol y el crecimiento desmesurado de la flota congeladora. El Acuerdo con la Unión Europea (1992) es una de esas medidas hoy ampliamente cuestionadas.

Greenpeace propone que se adopte el promedio de capturas de los 4 años previos a 1991, es decir del período (1988-1991), para dimensionar la participación de cada flota en la captura total. Este criterio nos daría alrededor de un 25% de capturas para la flota congeladora y de un 75% para la fresquera. Luego, dentro de cada categoría se procederá a cuotificar acorde a los criterios que surgen de la aplicación de la Ley Federal de Pesca.

5) Fortalecimiento del Consejo Federal Pesquero
Los intentos de modificar las decisiones adoptadas por el CFP por parte de los distintos sectores manifiesta la dificultad de disciplinar el sector pesquero a la autoridad política. Esto se ve fortalecido por la falta de voluntad de la autoridad de aplicación, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, para poner en plena vigencia las medidas adoptadas por el CFP.

La asignación de 50.000 toneladas por parte del Poder Ejecutivo Nacional por encima de la CMP fijada por el Consejo es un claro ejemplo de falta de coherencia entre los organismos que fijan la política pesquera nacional.

Este antecedente se suma a anteriores situaciones en las que ha resultado muy poco eficaz la adopción de medidas de ordenamiento y conservación. Esto constituye un serio advertencia a la difícil tarea de administrar y hacer cumplir una política pesquera. Greenpeace considera que el Consejo Federal Pesquero debe ser el órgano esencial para fijar dicha política.

Para Greenpeace los Gobiernos Provinciales y el Gobierno Nacional deben consolidar el Consejo Federal Pesquero, de otro modo la Ley Federal de Pesca, con sus virtudes y limitaciones, quedará fuertemente debilitada, siendo éste el único instrumento que brinda alguna chance de alcanzar hoy un ordenamiento de la actividad pesquera.

Sobre este punto queremos señalar un ejemplo reciente de medidas contradictorias con los criterios fijados por el Consejo o que directamente no han sido aprobados por el mismo. La Secretaria acaba de permitir el ingreso de 28 buques tangoneros de la cámara langostinera CALAPA a ingresar a aguas actualmente de veda de merluza. La notificación del Ing.Novo y el Lic.Cajal permitiendo el ingreso de los 28 buques es contradictoria con la decisión adoptada por el Consejo en su reunión del 26 de agosto en la que, según consta en actas, la campaña del langostino debería realizarse "con la exclusión del área que se superpone con la veda mencionada, por considerar que estos buques van a tener un porcentaje de by-catch que no es oportuno permitir". Recordemos que en esa oportunidad el Consejo evaluó el ingreso de uno 7 buques tangoneros. Lo que se ha permitido ahora es el ingreso de unos 28 buques y que según alguna información que no hemos podido todavía conformar serían muchos más.

Cabe señalar también que Consejo no se reúne desde el 15 de septiembre, un mes sin reuniones.

6) Autonomía del INIDEP
Se le debe otorgar al INIDEP (Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero) mayor jerarquía y autonomía. Estas condiciones son esenciales para garantizar que el organismo actúe de modo independiente y confiable para todos los actores dentro del sector pesquero.

No será posible diseñar un régimen eficaz de control y gestión de la pesca sin contar con un organismo que garantiza la máxima transparencia y confiabilidad para todos los actores. El INIDEP ha dado muestras de competencia y capacidad, Greenpeace alienta que ese organismo posea mayor independencia institucional. La actual situación en la que se repite la simultaneidad en el cargo del Director del Instituto y su cargo en la autoridad de aplicación en la Secretaria no es, a pesar de la buena voluntad que se pueda poner, el mejor modelo a seguir.

Algunos ejemplos concretos de las medidas a adoptar serían que la dirección del mismo sea un cargo concursado.

7) Protección Social para el Sector
La crisis social está determinada por la crisis del recurso. Es imposible proteger el recurso sosteniendo la actividad que se viene desarrollando actualmente, por lo tanto el cierre del caladero es necesario. Lo avanzado de la situación hace que lamentablemente esto repercuta sobre el nivel de empleo y ponga en riesgo a las empresas del sector.

Para que la crisis sea transitoria y no se busquen alternativas que pongan en mayor riesgo la estabilidad y el futuro de la actividad, Greenpeace considera que es necesario adoptar medidas de emergencia que incluyan:

Subsidios para el desempleo transitorio que se producirá. El Gobierno Nacional ha fijado por Ley la Emergencia Pesquera y lo ha hecho por un decreto presidencial, sin embargo no se han movilizado recursos económicos para superar esta emergencia.

Hablar de la emergencia que estamos hablando es incomprensible si no se disponen de los recursos económicos para la gente, para la reconversión de empresas, buques, la promoción de nuevas actividades, etc.Es por eso que Greenpeace desafía a las autoridades a evaluar si un fondo para la emergencia pesquera no es más razonable desde el punto de vista ambiental y del desarrollo regional que otros proyectos que gozan del impulso de las autoridades y poseen severos cuestionamientos ambientales e improbables beneficios para el desarrollo regional. Algunos de estos proyectos son bien conocidos, al menos de nombre, podemos mencionar el caso del Canal Federal, la Hidrovía Paraná-Paraguay, las represas sobre el Bermejo, un reactor nuclear en Río Negro, etc. Cada uno de estos proyectos no bajan de los 150 millones de dólares y algunos llegan a casi los mil millones.

Para Greenpeace la emergencia pesquera merecería la prioridad entre este menú de subsidios y gastos del estado. Para poder cumplir con la Captura Máxima Permisible para la merluza se debería cerrar el caldero de merluza de manera inmediata, esto debería ir acompañado de medidas económicas que hagan posible el parate de la actividad.

La absoluta priorización de la mano de obra local en los términos definidos por la Ley Federal de Pesca en todas las actividades pesqueras a desarrollarse dentro de las ZEE de Argentina (suspender el actual régimen de charteo).

Actualmente el Poder Ejecutivo está por emitir un decreto con un nuevo régimen de charteo para la próxima temporada, Greenpeace considera que deberían realizarse todos los esfuerzos para ampliar la participación de las empresas locales y mano de obra nacional en la explotación del calamar. El Consejo Federal Pesquero debería establecer los criterios para esta explotación por eso nos oponemos a que se emita ese nuevo decreto de charteo que además de ser una medida que conspira con la diversificación de las especies objetivo de la industria pesquera nacional no está acorde o lo que fija la Ley Federal de Pesca.

8) Apertura Informativa e Inserción de las ONGs
Lo que estamos demandando es facilitar el acceso a la información estadística que posee la Subsecretaría de Pesca y que debiera ser publicada periódicamente. Dicha información bien puede ser puesta a disposición del público vía Internet.

Una de las acciones que esperamos se produzca sin más demora es posibilitar el acceso al sistema MONPESAT para organizaciones independientes. Este sistema debe ser también una herramienta de contralor no gubernamental.

También debe abrirse un espacio de diálogo con las ONGs para la evaluación de la política pesquera con el Consejo Federal Pesquero. Actualmente el Consejo Asesor existente excluye a las ONGs.

Es notorio como en otras áreas de gobierno las ONGs han accedido a los largo de los últimos años a niveles importantes de información y interacción con los funcionarios, en este sentido el área de pescapermanece cerrada de manera anacrónica y convierte, como dice un colega en un reciente informe, en una actividad de espionaje todo intento de recolección de información pesquera. La reciente conformación de Consejo Asesor de los Recursos del Mar en la Provincia de Chubut que integra a las ONGs de esa provincia es un pequeño paso que esperamos se convierta en una tendencia en otras provincias y en el nivel nacional.

Muchas gracias.

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