Documentos y publicaciones
Boletín Informativo Nº 19
19 de abril de 2004

CONTENIDO:

1. PROPUESTAS PARA MEJORAR EL TRABAJO DE FISCALES Y DEFENSORES - El jefe de Gabinete y el ministro de Justicia visitaron a las organizaciones y discutieron sus propuestas
   
   
2. PRESENTACIÓN DE LA PUBLICACION "PRESUPUESTOS MÍNIMOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL - RECOMENDACIONES PARA SU REGLAMENTACIÓN"

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PROPUESTAS PARA MEJORAR EL TRABAJO DE FISCALES Y DEFENSORES - El jefe de Gabinete y el ministro de Justicia visitaron a las organizaciones y discutieron sus propuestas
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Las seis organizaciones firmantes del documento "Una Corte para la Democracia", mantuvieron una reunión con el jefe de Gabinete, Alberto Fernández y el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, Gustavo Beliz, en la que le presentaron el documento "Fiscales y Defensores en la agenda democrática. Propuestas para el fortalecimiento del Ministerio Público". Ambos funcionarios manifestaron su acuerdo con la mayoría de las reformas sugeridas por las ONG.

La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Centros de Estudios Legales y Sociales (CELS), Poder Ciudadano, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y Unión de Usuarios y Consumidores elaboraron y presentaron un nuevo documento en el que se destacan los mayores problemas advertidos en el funcionamiento del Ministerio Público -tanto Fiscal como de la Defensa-, su posible solución y la autoridad responsable de llevar acciones que tiendan a revertirlos. Los cambios que se proponen requieren en algunos casos modificaciones legales y reglamentarias, aunque fundamentalmente, la voluntad política de los tres poderes estatales y del propio Ministerio Público de impulsarlos, así como el compromiso de la sociedad civil de involucrarse, participar y ejercer el control ciudadano necesario.

La sensación de impunidad existente en la sociedad argentina está estrechamente vinculada con los pobres resultados de la justicia: procesos largos, muy poca capacidad de intervención sobre la criminalidad violenta y organizada, redes de ilegalidad y corrupción donde hay funcionarios públicos involucrados, inexistentes salidas alternativas a la solución penal, entre muchos otros. Este documento pretende, mediante la formulación de propuestas concretas, fortalecer una institución esencial de la Justicia, como es el Ministerio Público. La fuerte discusión de estas semanas sobre la ineficacia e ineficiencia de la justicia, el trabajo policial y el control de la criminalidad colocan a los fiscales y defensores en el centro de la agenda de discusión. No obstante, la poca visibilidad del Ministerio Público los ha escondido de su responsabilidad pública.

Entre las medidas más importantes que se proponen se encuentra la necesidad de que el Ministerio Público defina claramente sus objetivos institucionales, sus políticas y estrategias prioritarias y eleve su nivel de eficiencia. El Ministerio Público debe dar cuenta de resultados concretos. En este sentido, por ejemplo, es preciso fortalecer el rol del Ministerio Público Fiscal en la definición y ejecución de una política criminal coherente y que priorice aquellas acciones vinculadas con las cuestiones institucionales más graves en las que hoy los resultados son alarmantemente escasos. Nos referimos concretamente a violaciones a los derechos humanos, delitos contra la vida, criminalidad organizada, delitos económicos, delitos de corrupción, evasión impositiva y delitos contra el medio ambiente.

Además los responsables del Ministerio Público deben comprometerse a reformular su estructura y organización interna. Es indispensable ajustar las estructuras a las prioridades fijadas y abandonar las lógicas de trabajo tradicionales. Es necesario, por ejemplo, que los fiscales y defensores dejen su funcionamiento meramente burocrático, de administración de casos aislados. Mantener la organización actual, "un juzgado-una fiscalía-una defensoría", a imagen y semejanza del Poder Judicial, por fuero y por instancia es contradictorio con una política de administración de recursos eficiente. En efecto, la dividida actuación del Ministerio Público en fueros y sucesivas instancias implica, por ejemplo, que personas distintas tengan que analizar y estudiar sucesivamente cada caso, en perjuicio claramente de la definición de una estrategia. Por ejemplo, se debe tender a una organización con equipos de fiscales que trabajen directamente con los casos que suceden en un territorio determinado y sin la lógica del turno de los jueces. Esta estructura permitiría responder a las cuestiones de mayor complejidad con equipos especializados e interdisciplinarios, flexibles para aumentar la capacidad de investigación y de respuesta.

Pero además, el Ministerio Público Fiscal debe dejar de reaccionar tras el caso denunciado, y debe tener verdadera capacidad de generar sus propias investigaciones. Para potenciar ello, debe reformarse el código procesal penal y darle a los fiscales la dirección y la responsabilidad de la investigación criminal.

Es preciso generar, también, mayor relación entre los fiscales y las víctimas. El Ministerio Público debe fortalecer los espacios de contacto y contención a la víctima y los testigos.

Además se debe redefinir el trabajo de los fiscales con la policía. La policía hoy es la cara visible del sistema penal. Es la institución que define las prioridades y la que impone la agenda en materia de persecución penal. Ello genera en muchos casos un espacio de tolerancia y hasta a veces connivencia, con irregularidades y prácticas ilegales, que hace perdurar una relación poco transparente e ineficiente. Debe entonces replantearse esta relación posicionando al Ministerio Público Fiscal como "actor responsable" en el sistema de administración de justicia y revertir las lógicas por las cuales el funcionario prefiere "descansar" en el trabajo de calle cotidiano de la policía y dejarlo librado a su criterio.

Es indispensable también, que el Ministerio Público coordine su trabajo con las demás agencias estatales involucradas. Por ello, se proponen distintas líneas de acción conjuntas con otras instituciones públicas. Por ejemplo, debe trabajar coordinadamente con el Poder Ejecutivo en las cuestiones relativas a programas de víctimas y testigos, cuestiones tributarias y financieras; y el Ministerio Público de la Defensa debe coordinar su trabajo con la Defensoría del Pueblo en las estrategias de litigio de casos colectivos.

Asimismo, el Ministerio Público debe contar con mayores controles institucionales, ya sea externos, como internos. En este sentido, se proponen algunos criterios más claros para la designación de los funcionarios responsables, y la incorporación de un plazo limitado de duración del mandato del Procurador y Defensor General. Al mismo tiempo, resulta un imperativo legal la creación de la Comisión Bicameral del Congreso nunca creada hasta el momento y dotar de mayor transparencia los procesos disciplinarios y de remoción de fiscales y defensores.

Por otra parte, al igual que en el caso de los jueces, las organizaciones de la sociedad civil consideran indispensable, a fin de garantizar el principio de igualdad y transparencia, el pago de impuesto a las ganancias por parte de fiscales y defensores, así como la publicidad de sus declaraciones juradas.

MÁS INFORMACIÓN:

   Documento con las propuestas
   http://www.farn.org.ar/docs/p37.pdf

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PRESENTACION DE LA PUBLICACION "PRESUPUESTOS MÍNIMOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL - RECOMENDACIONES PARA SU REGLAMENTACIÓN"
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El día martes 20 de abril a las 18.30 hs. se presentará la publicación Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental - Recomendaciones para su Reglamentación, en la sede del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) sito en Uruguay 1037, piso 1°, Ciudad de Buenos Aires.

La mencionada publicación es fruto de siete talleres organizados por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), en cooperación con el Centro de Derecho Ambiental de la UICN, en el marco de su Programa de Derecho Ambiental, en el transcurso del año 2003. Los mismos contaron con el auspicio de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y el CARI.

FARN está convencida de que la sociedad civil no puede mantenerse al margen de este proceso fundamental para la política ambiental argentina. Es por ello que decidió impulsar estos talleres de trabajo con involucramiento de los principales sectores afines, para la elaboración de propuestas en materia de reglamentación de los presupuestos mínimos de protección ambiental, cuyo producto es la publicación que presentará en este encuentro.

En la presentación del encuentro harán uso de la palabra los Dres. Daniel A. Sabsay, María Eugenia Di Paola, Mario Gustavo Costa, Andrea Brusco y Leonardo De Benedictis.

Esta publicación estará proximamente disponible en el sitio web de FARN.

MÁS INFORMACIÓN:

   María Esperanza Alonso   
   mealonso@farn.org.ar
   4783-7032    4788-4266   4787-5919/3820