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La Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) realizaron una presentación ante el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires, para que se declare la inconstitucionalidad y la perdida de vigencia de la Resolución 389/2002 de la Legislatura porteña, por medio de la cual se restringió el acceso de los ciudadanos al recinto de sesiones, y al mismo tiempo desconoció las ordenes judiciales emanadas de tres jueces del fuero Contencioso, Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, quienes emitieron una serie de fallos destinados a hacer cesar tal decisión. Las decisiones de la legislatura fueron adoptadas en virtud de la oposición que generó el veto, efectuado por el Jefe de Gobierno Aníbal Ibarra a la Ley Nº 871 que había declarado la insalubridad del trabajo en los subterráneos de la Ciudad, restringiendo la jornada laboral a seis horas. La decisión adoptada por la Legislatura de la Ciudad, lejos de
garantizar su libre y seguro funcionamiento, es un claro intento por restringir
la participación publica y el control ciudadano de los actos de
gobierno, al tiempo que aparta a este poder de los principios que rigen
el estado de derecho, que indican que ninguna persona o institución
puede apartarse del cumplimiento de las decisiones de la justicia, ni
arrogarse facultades para determinar que tipo de cuestiones pueden ser
o no revisadas judicialmente. MÁS INFORMACIÓN: Acción Declarativa de Inconstitucionalidad Comunicado conjunto de ONGs Artículo 74 del Estatuto de la Ciudad de Buenos
Aires
La Cámara de Diputados de la Nación fracasó en el intento de dar media sanción al proyecto de ley de acceso a la información pública en la última sesión ordinaria del año. En el momento en que correspondía tratar la iniciativa de ley de acceso a la información, herramienta clave para el fortalecimiento de la participación pública y la transparencia en la gestión de gobierno la Cámara quedó sin quórum por el retiro sorpresivo y simultáneo de varios legisladores, lo que imposibilitó la consideración del proyecto. Las organizaciones no gubernamentales emitieron una declaración conjunta ("Negar la información es negar la democracia") solicitando al Presidente de la Nación incluir el tema en sesiones extraordinarias, y se reunieron con el Ministro de Justicia Juan José Álvarez quien se comprometió expresamente con el tema. Hasta la fecha el Poder Ejecutivo no ha incorporado el proyecto en el temario del Congreso. Sin embargo, las organizaciones continúan trabajando, fuertemente
comprometidas, con las acciones de incidencia para que se incluya el tratamiento
del proyecto de iniciativa de ley de acceso a la información pública
antes de que termine el período de sesiones extraordinarias, el
cual concluye en febrero del año próximo. MÁS INFORMACIÓN: Editorial del diario La Nación Lobby cívico para la información publica
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| © Fundación Ambiente y Recursos Naturales | Actualización: 17-feb-04 | ||||||||||||||||||||||||||||